La pesquisa en los tribunales enfocada en el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue arrojando novedades en torno a los desembolsos efectuados mediante plásticos crediticios a lo largo de sus dos años y medio de labor dentro de la administración de Javier Milei.
El fiscal encargado de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, intenta dilucidar el origen de los fondos utilizados por el antiguo portavoz del Gobierno entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Los registros de la causa evidencian erogaciones que trepan a los $139 millones, una cifra de consumo que se posiciona por encima de las remuneraciones que percibía en su rol estatal.
Hasta las postrimerías de 2025, los haberes brutos del funcionario se ubicaban en torno a los $3,5 millones cada mes, una suma que se elevó a cerca de $7,6 millones una vez que asumió la conducción de la Jefatura de Gabinete.
Paralelamente, los funcionarios judiciales buscan esclarecer otros movimientos de dinero en efectivo vinculados con traslados, remodelaciones edilicias, transacciones de bienes raíces y la utilización de extensiones o plásticos de sus empleados para concretar diversas adquisiciones.
En los detalles del expediente figura un comprobante de una tienda de blanquería que documenta una operación a su nombre por la suma de $8.183.303. Asimismo, Laura Schiuma, quien se desempeña como directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, ratificó mediante testimonio que Adorni le solicitó su tarjeta de crédito con el fin de adquirir una pantalla para videojuegos (monitor gamer) valuada en $2.185.000, importe que luego le reintegró de forma física con billetes. La misma trabajadora pública señaló que existió un intento por comprar un Smart TV junto a otros artículos con su plástico, pero dichas transacciones resultaron denegadas por el sistema.
De acuerdo con los registros analizados, los pagos con tarjeta de Adorni promediaban los $4,2 millones mensuales durante el transcurso de 2024, una media que ascendió a los $5,7 millones por mes a lo largo del año 2025.
El foco de la Fiscalía se concentra ahora en verificar la procedencia de los 200.000 dólares que el exministro coordinador manifestó haber colocado en bitcoins, evaluando si esta maniobra posee el sustento necesario para legitimar la evolución de sus activos. El investigado justificó el incremento de sus pertenencias a partir de las colocaciones en divisas digitales que, según sus propias palabras, no había incluido en sus reportes oficiales previos.
El pasado 12 de junio de 2026, el exfuncionario exhibió su balance patrimonial de 2025 y enmendó los informes correspondientes a los períodos de 2023 y 2024. En dicho documento admitió poseer un capital neto total de $627.262.333, compuesto por activos y fondos que alcanzan los $944.575.052, frente a compromisos financieros por $317.312.720. Estos números representan un avance nominal del 2.241% en su riqueza neta en comparación con la primera rendición formal que presentó en 2023 al momento de iniciar sus funciones.
