La defensa de la expresidenta busca que se retire la tobillera electrónica, se flexibilice el régimen de visitas y se elimite el límite horario para el uso de la terraza. La decisión quedará en manos de la Cámara Federal de Casación.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló la resolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que rechazó los pedidos para modificar las condiciones de su prisión domiciliaria. Ahora será la Cámara Federal de Casación la que deberá resolver si mantiene o revierte las medidas impuestas.
La presentación fue realizada por sus abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, luego de que el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu desestimara los planteos para flexibilizar el régimen de detención que la exmandataria cumple en su domicilio de la calle San José 1111.
Entre los pedidos de la defensa se encuentran el retiro de la tobillera electrónica, la modificación del régimen de visitas y la eliminación de la restricción horaria para acceder a la terraza del edificio, actualmente limitada a dos horas diarias.
En el escrito presentado ante la Justicia, la defensa sostuvo que la resolución del TOF 2 es «arbitraria» y que carece de fundamentos para justificar las restricciones impuestas. También argumentó que no existen quejas de los vecinos por las visitas recibidas por la exmandataria y que el acceso a la terraza no altera la convivencia en el edificio.
Además, los abogados destacaron la «conducta irreprochable» de Cristina Kirchner durante el tiempo que lleva bajo arresto domiciliario y cuestionaron que, tras la visita de un grupo de economistas en noviembre pasado, se haya endurecido el régimen de visitas sin que ello respondiera a una necesidad concreta.
La defensa también planteó que no se aplicó el principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal 24.660 y recordó que el uso de tobilleras electrónicas tiene carácter excepcional, según los criterios establecidos por el Consejo de la Magistratura.
Por último, sostuvo que las condiciones impuestas resultan más severas que las aplicadas en la mayoría de los casos de prisión domiciliaria y remarcó que no existe riesgo de fuga que justifique mantener las restricciones actuales.
