La administración nacional lanzó nuevas líneas para viviendas, vehículos y financiamiento en dólares, aunque el mercado enfrenta una combinación de menor circulación de pesos, tasas elevadas y altos niveles de incumplimiento. El Ieral advierte que las medidas tienen un alcance limitado mientras persistan las restricciones monetarias y las dificultades para refinanciar deudas.
El Gobierno intenta utilizar la expansión del crédito como una de las herramientas para recuperar el ritmo de la actividad económica, que registró una caída del 0,6% durante el segundo trimestre. Sin embargo, el objetivo enfrenta un escenario complejo: la política monetaria mantiene una fuerte administración de la liquidez, mientras los niveles de morosidad y las tasas de interés continúan dificultando tanto el acceso de familias y empresas a nuevos préstamos como la capacidad de las entidades financieras para ampliar su oferta.
En las últimas semanas, el Ministerio de Economía puso en marcha un programa de hasta $2 billones para fondear créditos hipotecarios, con la expectativa de generar entre 17.000 y 18.000 operaciones destinadas a la adquisición de primera vivienda. A esto se sumó la flexibilización de las condiciones para que empresas que no son exportadoras puedan acceder a financiamiento en dólares utilizando depósitos en moneda extranjera del sistema financiero.
Por su parte, el Banco Nación amplió sus líneas de crédito para la compra de vehículos, dentro de una serie de iniciativas orientadas a ampliar el financiamiento disponible.
El conjunto de medidas fue interpretado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea, como un reconocimiento de la existencia de un problema de falta de crédito. Sin embargo, el centro de estudios consideró que se trata de respuestas de alcance limitado frente a una situación que comenzó a profundizarse desde abril de 2025, cuando la política monetaria priorizó la restricción de liquidez interna.
Según el diagnóstico del Ieral, esa estrategia se apoyó en la expectativa de que una menor cantidad de pesos en circulación no necesariamente afectaría el consumo y la demanda, debido a la eventual utilización de los denominados “dólares del colchón”.
La denominada “dolarización endógena”, sin embargo, no habría alcanzado el resultado esperado y el stock de préstamos en relación con el PBI quedó estancado. Para el centro de estudios, esa evolución ayuda a explicar parte de la caída registrada en actividades que concentran una proporción importante del empleo.
El problema de la morosidad
La recuperación del crédito enfrenta, además, otro obstáculo: el nivel de incumplimiento de los préstamos.
La morosidad de las familias alcanzó el 12,77% en junio, mientras que estimaciones de la consultora 1816 ubicaron el indicador en 12,94% durante julio. El Banco Nación, por su parte, reconoció en uno de sus informes que los niveles de irregularidad continúan elevados y que todavía no existen elementos suficientes para considerar consolidado el proceso de normalización.
Los datos oficiales muestran que el deterioro de la cartera crediticia de los hogares se convirtió en uno de los factores que condicionan la recuperación del financiamiento. En su informe sobre bancos correspondiente a julio, el BCRA registró una reducción real del crédito en pesos al sector privado y un comportamiento diferente entre las distintas líneas de préstamos.
Para el Ieral, la solución requiere abordar simultáneamente el problema de los créditos vencidos. El centro de estudios planteó que las refinanciaciones deberían poder realizarse entre privados sin alterar los contratos originales, pero consideró que para eso el Banco Central debería garantizar liquidez en el corto plazo y ofrecer un horizonte mayor para el mediano plazo.
En ese sentido, propuso analizar una eventual intervención de la autoridad monetaria en el mercado de tasas, de manera similar a su participación en el mercado de futuros del dólar.
Otra alternativa mencionada consiste en facilitar la transformación de créditos a tasa fija o variable en préstamos ajustables por UVA, una modalidad que permite reducir el valor de la cuota inicial.
El Ieral sostuvo que este tipo de mecanismos modifica el flujo de fondos de los bancos, por lo que el Banco Central no debería quedar al margen del proceso. A su vez, señaló que también debería revisarse la presión impositiva nacional y provincial que pesa sobre las operaciones financieras.
La política monetaria y la circulación de pesos
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el esquema monetario implementado desde abril de 2025.
Cuando se puso en marcha la versión original del sistema de bandas cambiarias, el Gobierno adoptó el control de los agregados monetarios como uno de los principales instrumentos de su estrategia antiinflacionaria. El BCRA, en efecto, estableció un régimen de monitoreo de la cantidad de dinero, tomando al M2 privado transaccional como una de las variables centrales para evaluar la evolución de la liquidez.
El Ieral sostiene que ese esquema derivó en un período de elevada volatilidad de las tasas de interés y que la reducción de la cantidad de pesos en circulación se produjo junto con una menor acumulación de reservas.
A fines del año pasado, el Banco Central comenzó a realizar compras de dólares a gran escala, aunque, según el análisis citado, eso no modificó sustancialmente el patrón de la política monetaria.
Entre enero y agosto, solo 22 pesos de cada 100 emitidos para comprar divisas quedaron circulando dentro de la economía. Al mismo tiempo, durante los últimos doce meses la base monetaria aumentó 6,6% en términos nominales, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 33,5%.
El Ieral calificó ese proceso como un “sobreajuste” y vinculó su impacto con la evolución de la cuenta corriente del balance de pagos. Según el análisis, el resultado de esa cuenta —considerando bienes y servicios y excluyendo las rentas— pasó de un déficit anualizado equivalente a 1,2 puntos del PBI durante el primer trimestre de 2025 a un superávit cercano a los 2 puntos del producto en los primeros tres meses de 2026.
Para el centro de estudios, esto refleja una tasa de inversión considerablemente inferior al ahorro de la economía.
La situación plantea así una tensión entre dos objetivos: mientras el Gobierno busca recuperar el crédito y dinamizar la actividad, el esquema monetario mantiene una fuerte restricción sobre la liquidez.
En ese marco, el M2 privado pasó de representar el 7,9% del PBI en el segundo trimestre de 2025 al 6,6% en la actualidad, mientras que la base monetaria bajó del 4,4% al 3,8% del PBI durante el mismo período.
El Ieral planteó que el Gobierno debería abandonar el esquema que considera demasiado simple y avanzar hacia un mecanismo más sofisticado. Entre las alternativas mencionó establecer una meta mensual de expansión para un agregado monetario vinculado específicamente con la liquidez bancaria y establecer un “corredor de tasas” explícito que permita ampliar el horizonte de planificación del sistema financiero.
Desde esa perspectiva, las compras de dólares podrían continuar, aunque deberían adecuarse al funcionamiento de esa estrategia monetaria.
Qué reclaman los bancos para ampliar el crédito
Desde el sector bancario señalaron una serie de condiciones que consideran necesarias para que el financiamiento pueda crecer de manera sostenida.
Entre ellas aparecen:
- La consolidación de la estabilidad macroeconómica mediante el orden de las cuentas públicas.
- Una reducción del riesgo país.
- Un crecimiento sostenido de la actividad económica.
- Una mejora de los ingresos disponibles de las familias.
- La eliminación de impuestos considerados distorsivos sobre los préstamos en los tres niveles del Estado.
- Una moneda confiable.
- Un Banco Central independiente.
- Una normativa adecuada en materia de regulación financiera.
- Que el Congreso no avance con normas que, según las entidades, puedan afectar el desarrollo del crédito, entre ellas algunos proyectos vinculados con el sobreendeudamiento.
El debate también incluye el modo en que deberían resolverse los préstamos que actualmente se encuentran en situación irregular.
El economista de Empiria, Gonzalo Lacunza, sostuvo que el Gobierno cuenta con herramientas limitadas para impulsar el crédito mientras no avance una coordinación para refinanciar las deudas de las familias que están en mora.
Según su planteo, esto no significa necesariamente que el Estado tenga que utilizar recursos propios. Su propuesta apunta a generar mecanismos que permitan coordinar a las entidades financieras, debido a que no todos los bancos tendrían los mismos incentivos para resolver los préstamos irregulares.
Lacunza señaló que, para que un deudor pueda volver a acceder al financiamiento, necesita normalizar sus compromisos con todas las entidades con las que mantiene obligaciones y no solamente con una.
En ese sentido, advirtió que si el Gobierno deja el proceso exclusivamente en manos del mercado, la recuperación del crédito podría demandar más tiempo.
Tasas, riesgo y encajes
Otro de los factores señalados por Lacunza es el nivel de las tasas reales de interés.
El economista vinculó el costo del financiamiento con distintos factores, entre ellos el riesgo crediticio, es decir, la posibilidad de que familias y empresas no puedan cumplir con sus obligaciones. También mencionó el temor del sistema bancario frente a un nuevo episodio de volatilidad y el nivel de los encajes sobre los depósitos.
Según su análisis, los encajes permanecen en niveles históricamente elevados y esto obliga a las entidades a prestar a tasas superiores a las que pagan para obtener su financiamiento.
Como alternativa, Lacunza planteó una reducción escalonada de los encajes con el objetivo de disminuir la diferencia entre las tasas activas y pasivas. Desde su perspectiva, una menor brecha permitiría que empresas y hogares pudieran acceder al financiamiento a un costo más bajo.
El Banco Central, por su parte, sostiene que continuará con la normalización de la política de encajes, aunque dentro de un esquema compatible con el objetivo de estabilidad de precios y con la recuperación del crédito.
La salida de la mora, otro punto clave
Desde la consultora Equilibra, el economista Lorenzo Sigaut Gravina coincidió con la necesidad de generar mecanismos que acerquen a bancos y deudores para acelerar la renegociación de las obligaciones pendientes.
Su planteo apunta a facilitar acuerdos que permitan refinanciar las deudas a tasas menores y acelerar el proceso de salida de la mora.
Sin embargo, esta alternativa también implica discutir cuál debería ser el nivel de participación del Estado en el proceso. De acuerdo con el análisis de Sigaut Gravina, existen herramientas que podrían contribuir a una normalización más rápida de la cartera crediticia, aunque algunas de ellas supondrían una intervención estatal mayor, algo que no coincide con la orientación general de la política económica oficial.
El escenario deja planteado un desafío para la recuperación del financiamiento: mientras el Gobierno busca ampliar las líneas disponibles para viviendas, vehículos y empresas, la evolución de la liquidez, la morosidad, las tasas de interés y las condiciones regulatorias continúan condicionando la capacidad del sistema financiero para transformar esas iniciativas en un crecimiento sostenido del crédito.
