La investigación comenzó en julio y avanzó luego de que una red instalada sobre uno de los patios permitiera detectar el ingreso de estupefacientes mediante la modalidad conocida como “paloma”. Dos trabajadores fueron denunciados penalmente y la Justicia solicitó sus legajos y antecedentes.
Dos empleados del Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria Malvinas Argentinas, ubicado en Pablo Nogués, fueron desvinculados de sus puestos y denunciados ante la Justicia luego de una investigación interna que detectó una presunta maniobra destinada a facilitar el ingreso de drogas al establecimiento a cambio de dinero.
Los trabajadores señalados son Martín Moreira y Marcos Nahuel Álvarez, quienes cumplían funciones en el módulo 2 del instituto. Ambos formaban parte de la planta temporaria del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, organismo que resolvió avanzar con su desvinculación mientras la investigación penal continúa.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín.
La intervención comenzó a partir de distintas actuaciones internas impulsadas por el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, luego de que se detectara la presencia de estupefacientes dentro del establecimiento.
Una de las medidas adoptadas fue colocar una red de contención sobre uno de los patios para impedir que desde el exterior fueran arrojados paquetes con drogas. Esa modalidad es conocida en el ámbito carcelario como “paloma” o “palomita” y, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada durante varios meses para introducir sustancias al instituto.
El episodio que terminó dando un nuevo impulso a la pesquisa ocurrió cuando uno de esos paquetes quedó atrapado en la red. Varios adolescentes intentaron recuperarlo y la situación derivó en un enfrentamiento con trabajadores del establecimiento.
Posteriormente aparecieron dos videos grabados por los propios jóvenes. En las imágenes, según consta en las actuaciones, los adolescentes reclamaban a los empleados por dinero que habrían entregado a cambio de drogas que finalmente no recibieron. En uno de los registros se menciona que los jóvenes contaban con una supuesta “luz verde” para recibir los paquetes.
Las grabaciones pasaron a ser uno de los elementos centrales de la investigación, junto con los testimonios de los adolescentes y referencias a transferencias de dinero realizadas mediante billeteras virtuales. De acuerdo con lo declarado, algunos de esos pagos habrían sido acordados a través de mensajes intercambiados en TikTok.
Mientras la investigación avanzaba sobre Moreira y Álvarez, las autoridades provinciales resolvieron separarlos de sus funciones y trasladar a los jóvenes involucrados a otros establecimientos, con el objetivo de evitar eventuales represalias.
Cómo comenzó la investigación por las “palomas”
Los primeros antecedentes se remontan a julio, cuando Zerillo confirmó que las actuaciones internas habían permitido detectar sustancias prohibidas dentro del instituto de Pablo Nogués.
En un primer momento, se había señalado que los estupefacientes encontrados correspondían a drogas que habían sido secuestradas en los pasillos. Ante esa situación, el funcionario dispuso formalizar una denuncia penal y entregar el material a las autoridades policiales.
A partir de allí se produjo una reunión con representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense, a quienes se solicitó colaboración para abordar el ingreso de sustancias mediante paquetes arrojados desde el exterior.
La modalidad denominada “paloma” o “palomita” consiste en arrojar pequeños paquetes por encima de muros, alambrados u otras estructuras para que caigan dentro de patios o sectores donde permanecen las personas privadas de la libertad. De esa manera, los envoltorios evitan los controles habituales previstos para el ingreso de mercadería y pertenencias.
Como respuesta, las autoridades colocaron una red sobre el patio del establecimiento. El objetivo era interceptar los paquetes antes de que pudieran ser alcanzados por los adolescentes alojados allí.
En paralelo, comenzó un trabajo de inteligencia criminal y una investigación preliminar que incluyó el análisis de información reunida desde 2024. Para ello se revisaron denuncias penales anteriores, llamados al 911, legajos disciplinarios, antecedentes de conducta y distintos datos relacionados con el funcionamiento del instituto.
La investigación buscaba establecer de qué manera ingresaban las drogas y, fundamentalmente, determinar si existía algún nivel de participación o complicidad del personal encargado de custodiar y asistir a los adolescentes.
La instalación de la red terminó aportando un elemento que permitió profundizar esa línea de investigación.
El paquete que quedó atrapado en la red
El 17 de septiembre, cerca de las 16.40, un paquete arrojado desde el exterior quedó retenido en el alambrado ubicado sobre el techo del patio correspondiente al módulo 2.
De acuerdo con el acta de hallazgo elaborada por las autoridades del instituto, el envoltorio contenía tres encendedores, papeles para armar cigarrillos, dos bolsas con polvo blanco y otros dos paquetes con hierbas cuya procedencia no pudo ser determinada.
El material fue retirado posteriormente por personal policial y destruido en presencia de efectivos y trabajadores de coordinación, según quedó asentado en la documentación. No se pudo establecer quién había arrojado el paquete desde el exterior.
El episodio permitió, sin embargo, avanzar sobre una segunda hipótesis: que pudiera existir participación de empleados del instituto en el ingreso de las sustancias.
Dos adolescentes alojados en el módulo, identificados como A.U.D., de 17 años, y B.T.N., de 18, intentaron recuperar el envoltorio. Uno de ellos terminó lesionado cuando intentó trepar para alcanzarlo.
La situación provocó un conflicto con los asistentes del establecimiento y posteriormente intervino un tercer adolescente, identificado como Z.A.T., de 16 años.
En ese contexto, Martín Moreira, quien se desempeñaba como referente del módulo 2, realizó una denuncia penal. En ella sostuvo que los jóvenes lo habían amenazado con un elemento cortopunzante con el objetivo de obligarlo a permitir el ingreso de drogas.
Según esa primera versión, los adolescentes reclamaban autorización para tolerar la entrada de sustancias prohibidas y amenazaban con incendiar el módulo si no obtenían una respuesta favorable.
La expresión “luz verde” apareció en esa denuncia para hacer referencia a la supuesta autorización que los jóvenes exigían para permitir el ingreso de los paquetes.
Sin embargo, la reconstrucción posterior realizada por las autoridades incorporó nuevos elementos que pusieron en cuestión esa primera explicación del episodio.
Los videos y las transferencias de dinero
Los tres adolescentes fueron entrevistados individualmente en el marco de las actuaciones disciplinarias abiertas después del conflicto.
Durante esas declaraciones, señalaron a Moreira y Álvarez como presuntos participantes de una maniobra que, según sus testimonios, se habría extendido durante aproximadamente seis meses.
Los jóvenes afirmaron que ambos trabajadores habrían facilitado el ingreso de marihuana, cocaína y tusi al establecimiento y que existían acuerdos para permitir la entrada de las sustancias a cambio de dinero.
También aseguraron que contaban con dos videos grabados dentro del instituto, en los que aparecían los trabajadores en conversaciones relacionadas con las presuntas operaciones de compraventa de drogas.
El contenido de esas grabaciones permitió reconstruir el enfrentamiento desde otra perspectiva. En los videos, los adolescentes increpaban a los empleados y les reclamaban explicaciones por dinero que, según afirmaban, habían entregado para obtener determinadas sustancias que finalmente no habían recibido.
A esas imágenes se sumó otra acusación incorporada a la denuncia penal. Uno de los adolescentes sostuvo que tenía capturas de pantalla de transferencias realizadas mediante una billetera virtual a Moreira como forma de pago por las sustancias solicitadas.
Con esos nuevos elementos, las autoridades provinciales consideraron necesario ampliar la denuncia y entregar toda la documentación a la Justicia.
El 18 de septiembre, el director del instituto, Roberto Soto, formalizó la presentación inicial, acompañada por las declaraciones de los adolescentes, los antecedentes del conflicto y otros elementos que podían contribuir a reconstruir las presuntas maniobras.
Durante la investigación administrativa también aparecieron otras acusaciones formuladas por los jóvenes.
Según esas manifestaciones, Moreira habría permitido la utilización de teléfonos celulares dentro del módulo y participado en acuerdos relacionados con la obtención de sustancias prohibidas.
En el caso de Álvarez, los adolescentes señalaron que presuntamente solicitaba una parte de las sustancias que ingresaban desde el exterior y que posteriormente quedaban en poder de los internos.
También sostuvieron que algunos trabajadores toleraban peleas físicas entre los jóvenes alojados y otras situaciones que se encontraban prohibidas por las normas internas.
Las autoridades remarcaron que esas declaraciones forman parte de la investigación y que deberán ser verificadas dentro de la causa penal. Su incorporación al expediente, por sí sola, no significa que los hechos denunciados hayan sido acreditados.
La Fiscalía pidió los legajos de los empleados
El director de la Región de Centros Cerrados II del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Juan Sebastián Rebairols, presentó una ampliación de la denuncia realizada inicialmente por Soto.
La presentación quedó incorporada a la causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 de San Martín.
En el documento, Rebairols explicó que al momento de realizarse la primera denuncia las autoridades todavía no habían tenido acceso a los videos mencionados por los adolescentes. Una vez que las grabaciones fueron entregadas, fueron remitidas a la Justicia para que pudieran ser incorporadas y analizadas.
La ampliación también informó sobre el traslado de los tres adolescentes a otros establecimientos dependientes del organismo provincial.
La decisión tuvo como finalidad preservar su integridad física, evitar eventuales represalias y permitir que continuaran con sus procesos socioeducativos y el contacto con sus respectivas defensas.
La investigación incorporó además un nuevo testimonio el 21 de septiembre, cuando A.U.D. fue entrevistado en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.
El director del establecimiento, Marcelo Abel Pombo, confeccionó un acta luego de mantener una conversación con el joven en presencia de personal administrativo.
Durante esa entrevista, el adolescente aseguró que durante los aproximadamente seis meses que permaneció alojado en el módulo 2 de Pablo Nogués había observado cómo asistentes pertenecientes a diferentes guardias llevaban marihuana a los internos.
Al ser consultado específicamente sobre la forma en que se realizaban los pagos, sostuvo: “Muchas veces le transfieren plata a los asistentes para que les traigan droga, se las dejaban en la celda o hacían un pase de mano, nadie se daba cuenta porque nadie controla”.
El joven también identificó a uno de los trabajadores con el apodo de “Tincho”, en referencia a Moreira, aunque indicó que habría otros empleados involucrados cuyos nombres no podía precisar.
Ese testimonio fue incorporado a las actuaciones y amplió la información disponible para la investigación judicial.
Desvinculación y avance de la causa penal
Mientras la investigación continuaba, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia avanzó con la desvinculación de Moreira y Álvarez, ambos integrantes de la planta temporaria.
El 22 de septiembre, el organismo formalizó los pedidos de limitación de sus contratos por estrictas razones de servicio.
Al día siguiente, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Jaime García, remitió un oficio al organismo provincial para solicitar información relacionada con los dos trabajadores denunciados.
La Fiscalía pidió establecer si ambos integraban o habían integrado el personal provincial y si prestaban o habían prestado funciones en el instituto de Malvinas Argentinas.
Además, solicitó copias certificadas de sus respectivos legajos, incluyendo información sobre cargos, categorías, antecedentes y destinos laborales.
El requerimiento fue realizado con carácter urgente. El 24 de septiembre, el organismo respondió al pedido y remitió la documentación solicitada junto con las actuaciones administrativas relacionadas con la desvinculación de los empleados.
De esta manera, la causa reúne actualmente las denuncias iniciales y su posterior ampliación, los videos aportados por los adolescentes, las declaraciones realizadas en distintos establecimientos y los antecedentes administrativos recopilados durante la investigación.
La Justicia deberá determinar ahora el alcance de las presuntas maniobras, verificar las transferencias de dinero mencionadas por los adolescentes y establecer si existieron otras responsabilidades vinculadas con el ingreso de drogas al instituto de Pablo Nogués.
