Un nuevo informe del Departamento de Estado recomienda “extrema cautela” a los inversores ante confiscaciones, presión fiscal, falta de seguridad jurídica y un mayor control estatal. El documento también señala beneficios otorgados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a empresas y proveedores chinos.
Estados Unidos elevó el nivel de advertencia para los inversionistas extranjeros interesados en operar en Nicaragua y describió un escenario marcado por una creciente intervención política sobre la economía, confiscaciones de propiedades, presión fiscal y regulatoria y condiciones favorables para compañías vinculadas con China.
El diagnóstico forma parte del informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado y divulgado este martes. El documento recomienda actuar con “extrema cautela” y advierte que los inversores no deberían esperar en Nicaragua un Estado de derecho sólido ni un entorno empresarial previsible.
La advertencia estadounidense se produce pese a que el propio informe reconoce algunos indicadores macroeconómicos relativamente positivos. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua: durante 2025 representó aproximadamente el 20% de las importaciones del país y recibió el 38% de sus exportaciones. Además, más del 80% de las remesas que ingresan a Nicaragua provienen de Estados Unidos, recursos que desde 2022 se transformaron en uno de los principales motores de la economía.
Sin embargo, el Departamento de Estado ubica los riesgos políticos e institucionales en el centro de su evaluación. Según el informe, las relaciones personales con funcionarios del régimen se volvieron determinantes para desarrollar negocios, mientras que prácticamente todas las decisiones económicas relevantes requieren la aprobación de la Presidencia.
A esto se suma, de acuerdo con Washington, un aumento de las auditorías fiscales, multas consideradas arbitrarias y obligaciones tributarias que pueden resultar excesivas para las empresas.
El economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro consideró que el lenguaje utilizado por Estados Unidos representa un endurecimiento respecto del informe anterior. Según su interpretación, Washington pasó de describir un ambiente inestable, caracterizado por regulaciones excesivas, confiscaciones, represión política y ausencia de Estado de derecho, a advertir de manera más directa sobre el control político de la economía.
“El reporte del 2026 cambia de un lenguaje formal del año pasado a aseveraciones directas de cómo el régimen ha movido negativamente el riesgo país”, señaló Chamorro al analizar el documento. Según su lectura, el informe llama a los inversores extranjeros a actuar con extrema cautela y profundiza en las transformaciones registradas durante el último año.
Mayor control sobre el capital extranjero
Uno de los cambios señalados es la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada en febrero de 2025. La normativa creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), organismo encargado de supervisar y regular el capital extranjero.
A partir de ese esquema, los inversores deben registrarse y presentar informes trimestrales junto con información estadística ante las autoridades. Para el Departamento de Estado, estas disposiciones amplían las herramientas de control y vigilancia estatal sobre las inversiones.
Chamorro también considera significativa la modificación y sostiene que el registro obligatorio constituye un mecanismo adicional de control político sobre quienes buscan desarrollar actividades económicas en Nicaragua.
El informe estadounidense describe, además, organismos reguladores con una independencia limitada y reglas que no siempre son aplicadas de manera transparente. Según el documento, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla directamente distintos sectores económicos para favorecer a sus aliados y las autoridades regulatorias pueden actuar de manera arbitraria.
El panorama se complementa con el debilitamiento de organizaciones empresariales independientes. El Departamento de Estado señala que en 2023 fueron canceladas y confiscadas 19 cámaras empresariales y que en agosto de 2024 se sumaron otras 151, entre ellas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham.
Washington define al sistema nicaragüense como “altamente centralizado y autoritario” y recuerda que la reforma constitucional ratificada el 30 de enero de 2025 estableció la copresidencia de Rosario Murillo y profundizó la subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo.
Confiscaciones y propiedades en disputa
El informe también pone el foco sobre el historial de expropiaciones y confiscaciones en Nicaragua. Según el Departamento de Estado, estas medidas se han producido sin las garantías de un debido proceso y el régimen utiliza a la Procuraduría General de Justicia para otorgar una apariencia de legalidad a las apropiaciones de bienes.
Otro punto destacado es una ley aprobada el 5 de agosto de 2025 que permitió al Estado asumir el control de territorios ubicados hasta 15 kilómetros de las fronteras terrestres del país.
Entre 2020 y abril de 2026, el régimen transfirió mediante decretos presidenciales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 110 propiedades confiscadas a opositores. Otros bienes pertenecientes a dirigentes opositores fueron derivados a alcaldías y distintas instituciones estatales.
Para Chamorro, el tratamiento de las confiscaciones constituye uno de los aspectos en los que más se endureció el diagnóstico estadounidense. El economista destacó tanto la transferencia de propiedades como las nuevas disposiciones vinculadas con las zonas fronterizas y las reformas institucionales que, según Washington, dificultan que los inversores puedan defender sus derechos ante los tribunales.
“El reporte muestra a Nicaragua como un ambiente de inversiones extremadamente riesgoso por el incremento del control político”, sostuvo Chamorro, quien también cuestionó el uso del Poder Judicial y las afectaciones a los derechos de propiedad.
El avance de China
La presencia de China ocupa un lugar más destacado en el informe de 2026. Desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Managua y Beijing, en enero de 2024, el Gobierno nicaragüense habría concedido tratamiento preferencial a compañías chinas, según el Departamento de Estado.
Washington sostiene que la combinación del acuerdo comercial, la falta de transparencia y las preferencias oficiales hacia empresas chinas facilita el ingreso de productos a precios considerablemente inferiores y afecta la capacidad de competir de compañías nicaragüenses y de inversores extranjeros de otros países.
El documento agrega que desde noviembre de 2024 las instituciones públicas nicaragüenses tienen instrucciones de priorizar proveedores chinos en las compras de bienes y servicios vinculados con tecnologías de la información y las comunicaciones.
El señalamiento aparece dentro de un capítulo que identifica las contrataciones públicas, las licencias, las aduanas y el sistema tributario entre los ámbitos particularmente expuestos a prácticas de corrupción.
“El tema de China, curiosamente, aparece mucho más prominente”, afirmó Chamorro. Según el economista, mientras en informes anteriores las inversiones chinas eran presentadas principalmente como proyectos o promesas, ahora el documento estadounidense pone el foco en iniciativas concretas y en los beneficios que, según su interpretación, reciben empresarios chinos frente a inversores de Estados Unidos u otras regiones.
A las preferencias en las compras estatales se sumó otro instrumento aprobado en octubre de 2025: las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, creadas específicamente para atraer inversiones provenientes de China.
Las compañías que se instalen bajo ese régimen pueden acceder a una exención del 100% del impuesto sobre la renta empresarial y sobre dividendos durante períodos renovables de diez años. También contempla exenciones de IVA y de derechos aduaneros para maquinaria, equipos y materias primas.
El Departamento de Estado señala además que Nicaragua depende cada vez más del financiamiento chino para desarrollar obras de infraestructura. Para Chamorro, este acercamiento genera una diferencia creciente entre las condiciones otorgadas a las empresas chinas y las que deben afrontar compañías estadounidenses, nicaragüenses y de otros países.
Presión fiscal y cambios en el sistema financiero
Otro de los riesgos identificados por Estados Unidos es el incremento de las auditorías fiscales, multas arbitrarias y obligaciones tributarias infladas, que el informe vincula con la inseguridad jurídica que enfrentan los inversores.
Las reformas recientes también ampliaron las facultades de los organismos que regulan el sistema financiero. Según el documento, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif) obtuvieron mayores atribuciones para acceder a información financiera, regular instituciones y hasta remover integrantes de directorios bancarios.
Durante 2025, los activos del sistema financiero alcanzaron aproximadamente US$7.500 millones. Banpro, LAFISE, BAC y Ficohsa concentraban alrededor del 77% de esos activos.
Al mismo tiempo, la economía nicaragüense mantiene una fuerte dependencia de las remesas. El Banco Central dejó de publicar esos datos durante el primer trimestre de 2025, aunque operadores privados estimaron que el país recibió unos US$6.300 millones durante ese año, equivalentes aproximadamente al 30% del Producto Interno Bruto.
Las zonas francas, una excepción parcial
Dentro del panorama general, el informe identifica a las zonas francas como una excepción parcial. Más de 100.000 personas trabajan en ese sector y las compañías que funcionan bajo ese régimen reportan una menor interferencia gubernamental que aquellas que desarrollan sus actividades fuera de estas áreas.
Sin embargo, también existen dificultades. Desde 2018, más de 20 empresas cerraron sus operaciones y algunas trasladaron sus actividades a países vecinos, principalmente Honduras.
En abril de 2026, el régimen reformó la legislación para convertir en indefinidos varios beneficios fiscales, aduaneros y administrativos otorgados a las empresas de zonas francas.
Aunque la tasa oficial de desempleo se ubicaba en 2,4% en diciembre de 2025, alrededor del 40% de la población estaba subempleada. Los afiliados al INSS representaban apenas el 24% de la fuerza laboral y el empleo formal permanecía un 10% por debajo de los niveles registrados antes de la crisis de 2018.
Chamorro vinculó el nuevo informe con la investigación que lleva adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Según su valoración, la documentación referida a confiscaciones, trato diferenciado a compañías y prácticas anticompetitivas podría ser considerada por Washington dentro de ese proceso.
El economista mencionó como posibles escenarios una eventual aceleración o incremento de aranceles y medidas contra instituciones responsables de prácticas que favorezcan a determinados proveedores. No obstante, presentó esas alternativas como posibilidades y no como decisiones anunciadas por el Gobierno estadounidense.
En definitiva, el informe del Departamento de Estado concentra su advertencia en las condiciones que enfrenta actualmente quien busca invertir en Nicaragua: mayor concentración del poder político, confiscaciones y debilitamiento de los derechos de propiedad, presión fiscal y regulatoria, falta de transparencia en las decisiones oficiales y un tratamiento preferencial hacia empresas y capitales provenientes de China.
