La jueza de La Plata tiene en sus manos el expediente que demuestra cómo el jefe de Gabinete y su hermano elogiaron la avivada de culpar a las acreedoras por no cobrarles durante dos décadas
Mientras el gobierno nacional le exige sacrificios extremos a la sociedad, los papeles de la justicia bonaerense sacaron a la luz una jugada indignante. Los hermanos Manuel y Francisco Adorni le exigieron a la justicia que les borre una deuda hipotecaria de 22.500 dólares sobre un departamento céntrico en La Plata. La razón que usaron para zafar del pago es insólita: alegaron que las dueñas originales mostraron desinterés por cobrarles.
La maniobra secreta se ejecutó en noviembre de 2023, justo en plena campaña electoral y días antes del balotaje presidencial. El funcionario que hoy da cátedra de moral pública desde la Casa Rosada firmó un escrito junto a su abogado para declarar prescrita la obligación. El argumento legal fue que, tras veinte años de juicio, las demandantes abandonaron el impulso del proceso.
El conflicto se remonta a 1996, cuando el padre de los funcionarios tomó el crédito prendario y jamás cumplió con las cuotas. En 2002, las acreedoras iniciaron la ejecución hipotecaria, pero el expediente deambuló por los tribunales hasta terminar en el Juzgado Civil y Comercial 18 de La Plata. Lejos de saldar la cuenta familiar, los herederos libertarios optaron por la vía de la cancelación gratuita.
La revelación destruye por completo el relato meritocrático del vocero. En las redes sociales, el propio jefe de ministros chicaneaba años atrás asegurando que había levantado esa hipoteca con muchísimo esfuerzo y sudor propio. La realidad del expediente demuestra todo lo contrario: el inmueble estuvo bajo la lupa judicial hasta hace meses y la deuda se extinguió por el paso del tiempo, no por haber puesto un solo billete.
La polémica escala porque este inmueble es la pieza clave que el funcionario utiliza en su declaración jurada para justificar un llamativo e inexplicable crecimiento patrimonial. La sociedad asiste a un doble discurso flagrante, donde los encargados de aplicar el ajuste eluden sus propios compromisos financieros mediante tecnicismos legales mientras el resto del país padece la crisis.
¿Qué opinás de los funcionarios que hablan de esfuerzo pero recurren a la viveza criolla para no pagar sus deudas? ¿Es aceptable que usen la prescripción legal para salvar su patrimonio?
