La dictadura de Miguel Díaz-Canel habilitó puntos de incineración de residuos ante la falta de camiones y combustible, desatando una brutal emergencia sanitaria que destruye la salud de la población.
El sistema de recolección de residuos en La Habana dejó de existir y la capital cubana se convirtió en un gigantesco basural a cielo abierto donde el fuego y el humo tóxico son la única regla. Con más de la mitad de la flota de camiones rota por el abandono estatal, el régimen comunista legalizó la quema de desechos como una supuesta solución obligada.
La mentira del paraíso caribeño se desmorona entre columnas de humo negro que asfixian los vecindarios día y noche. Los salarios de miseria que paga el Estado provocaron que nadie quiera trabajar barriendo las calles, mientras el mercado informal devora el poder adquisitivo en medio de una escasez de alimentos sin precedentes.
La respuesta oficial ante semejante desastre roza el ridículo. El primer ministro admitió que no ven resultados en la gestión y el dictador propuso generar energía con biogás, mientras la empresa estatal de telecomunicaciones llora por los cables quemados y culpa al enemigo externo por su evidente incapacidad estructural.
La furia social ya se traduce en cacerolazos, cortes de calles y protestas abiertas contra los funcionarios. La crisis es tan profunda que la población aprovecha las salidas de los bomberos para exigirles agua potable, un recurso que también escasea de forma alarmante en una ciudad que parece abandonada a su suerte.
La inoperancia de un modelo agotado mantiene el conflicto en máxima tensión, mientras las soluciones de fondo siguen ausentes y la acumulación de mugre no da tregua.
