Con proyectos presentados en ambas cámaras, el PJ impulsa cambios para impedir que funcionarios, exfuncionarios y personas políticamente expuestas accedan a los beneficios del régimen. La discusión comenzará en agosto y promete generar cruces con el oficialismo.
En agosto comenzará en la Cámara de Diputados el debate sobre los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. Con iniciativas presentadas por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el peronismo buscará modificar el alcance del régimen y evitar que sus beneficios puedan ser utilizados por actuales funcionarios de los tres poderes del Estado y otras personas vinculadas a la actividad política.
La discusión promete abrir un extenso debate en las comisiones de ambas cámaras del Congreso durante las próximas semanas.
Desde el Senado, Fernando Salino, integrante del bloque Justicia Social Federal y del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, adelantó que presentó dos proyectos destinados a limitar el alcance de la normativa.
“Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal, o en cualquier tipo de blanqueo”, sostuvo el senador por San Luis.
Salino vinculó sus iniciativas con la situación del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.
El primero de los proyectos impulsados por el senador propone excluir a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias, manteniendo para ellos la obligación de presentar declaraciones juradas bajo el régimen general. La restricción también alcanzaría a cónyuges, convivientes y familiares directos y se extendería hasta dos años después de haber dejado el cargo.
La segunda iniciativa plantea impedir que funcionarios y exfuncionarios que hayan ejercido cargos durante los últimos diez años puedan acceder a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos.
La propuesta alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado los principales cargos de los tres poderes del Estado y de los organismos de control. También incluye a sus familiares directos y excluye a personas condenadas por determinados delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la legislación vigente.
En paralelo, desde la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó una iniciativa orientada a reforzar los estándares de integridad pública y evitar que los mecanismos excepcionales de regularización patrimonial puedan beneficiar a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.
“Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. Quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización que reducen las exigencias de rendición de cuentas”, argumentó Valdés.
El proyecto propone excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, personas políticamente expuestas y sus familiares directos. De acuerdo con el diputado, la iniciativa busca mantener la coherencia con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.
La postura del Gobierno
El Gobierno, por su parte, defendió los cambios que impulsa sobre la Ley de Inocencia Fiscal.
Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier respaldó la reforma y sostuvo que representa un cambio en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
“Esto marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Se trata de un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas del sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que demuestren su inocencia”, afirmó.
El funcionario agregó que “las personas no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo” y señaló que, frente a las preocupaciones surgidas en el área, se incorporarán modificaciones que profundizarán el alcance de la ley.
Los cambios que impulsa el oficialismo
La iniciativa elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que pretendan incorporar fondos al circuito formal de la economía.
Durante una conferencia de prensa, Caputo señaló que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.
Entre las modificaciones previstas se encuentra la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de contribuyentes que podrían adherir al régimen. También se plantean cambios en el criterio de “discrepancia significativa”, nuevas instancias de rectificación antes de perder los beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y nuevas reglas de bancarización para determinadas operaciones.
El objetivo de la reforma es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones sobre períodos anteriores debido a errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.
La propuesta también contempla beneficios relacionados con sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan con determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.
A diferencia del esquema vigente, la nueva iniciativa establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para exteriorizar fondos. Hasta ese momento, los contribuyentes podrán declarar dinero no registrado sin costo por el pasado y sin que esa exteriorización pueda ser utilizada como prueba en su contra.
De esta manera, el régimen dejaría de funcionar como un mecanismo de blanqueo permanente, mientras el Congreso se prepara para un debate que enfrentará las posiciones del oficialismo y la oposición sobre los alcances de la reforma fiscal.
