El esquema de terror virtual que terminó en tragedia ya tiene procesados y prisión preventiva confirmada para sus responsables.
La Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento de los jóvenes acusados de empujar al abismo a Rodrigo Gómez mediante una red de mentiras y amenazas judiciales. Lo que empezó como un contacto en una aplicación de citas terminó con la muerte de un servidor público y una asociación ilícita que operaba con total impunidad desde las sombras digitales.
El gobernador y las autoridades provinciales enfrentan ahora el desafío de desarticular estas bandas que, con solo 22 años, manejan un nivel de perversidad alarmante. La banda liderada por Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco simulaba denuncias de abuso de menores para aterrorizar a sus víctimas, exigiéndoles dinero a cambio de no «arruinarles la vida» con causas falsas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que los imputados utilizaban perfiles falsos y fotos robadas para ganar confianza antes de soltar la trampa. El soldado Gómez, desesperado por el miedo al escarnio público y las falsas llamadas de supuestos policías, no aguantó la presión y dejó una carta de despedida que se convirtió en la prueba principal contra estos delincuentes.
El dinero de las extorsiones circulaba por cuentas de testaferros y mujeres vinculadas a la organización para borrar el rastro, demostrando una logística profesional dedicada exclusivamente a la destrucción de personas. La resolución judicial actual deja a los acusados tras las rejas, pero la sospecha de que existen muchas más víctimas silenciadas por la vergüenza sigue sobrevolando el expediente.
La muerte de Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos no fue un acto solitario, fue el resultado de un sistema criminal que se alimenta del pánico. Ahora queda ver si la justicia será lo suficientemente dura para que estos extorsionadores no vuelvan a pisar la calle o si la burocracia terminará dándoles una nueva oportunidad.
