La Cámara Federal determinó que la dosis contra el coronavirus provocó un cuadro fatal de trombosis y ordenó indemnizar a los familiares.
Un dictamen judicial sin precedentes en la República Argentina desató una feroz ola de cuestionamientos sobre los polémicos contratos de vacunación firmados durante la pandemia. El reconocimiento oficial de que la aplicación del componente Sputnik V fue la causa directa del fallecimiento de una deportista de veinticuatro años destapó un debate enterrado por el poder político, dejando al descubierto la absoluta falta de controles y el ocultamiento de los efectos adversos graves por parte de las autoridades sanitarias.
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones respaldó la denuncia de la madre de la víctima, quien falleció catorce días después de recibir la primera dosis del inmunizante extranjero. Los peritajes forenses y los informes de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas confirmaron el nexo causal con el síndrome de trombocitopenia trombótica, una patología que destruye las plaquetas y genera coágulos mortales.
El abogado patrocinante denunció que el cargamento traído desde Rusia se aplicó de manera masiva en los vacunatorios sin un sistema real de farmacovigilancia para detectar y prevenir reacciones fatales. La revelación de que el Estado nacional obligó a la población a inocularse con un producto que carecía de un seguimiento médico riguroso reaviva la indignación ciudadana por los manejos de la emergencia sanitaria.
Los registros médicos determinaron que la joven no padecía ninguna enfermedad previa y realizaba actividad física constante antes de la inoculación. Los síntomas iniciales de cefaleas y vómitos derivaron rápidamente en un cuadro neurológico irreversible, una situación que expone la desprotección total de los ciudadanos frente a las decisiones de las carteras de salud pública de aquel período.
El fallo abre la puerta a una catarata de demandas legales contra el Ministerio de Salud por parte de damnificados que sufrieron secuelas severas debido a las dosis obligatorias. La sentencia definitiva quiebra el relato oficial sobre la seguridad absoluta de los componentes distribuidos y obliga a replantear la responsabilidad penal de los funcionarios que firmaron los acuerdos de inmunidad con los laboratorios extranjeros.
