El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
La Justicia dispuso una medida cautelar de carácter excepcional que obliga a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obras de infraestructura en 26 municipios bonaerenses, en medio del proceso de privatización de la empresa.
La resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, establece una medida de no innovar que impide a la compañía reducir o modificar sus obligaciones operativas, de infraestructura y de prestación del servicio.
De esta manera, el fallo frena cualquier intento de disminuir inversiones, postergar obras consideradas críticas o flexibilizar los controles vinculados con la calidad del agua.
La decisión judicial surgió a partir de una acción preventiva de daños presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino. El organismo acudió a la Justicia al advertir un riesgo inminente de que el proceso de reestructuración y privatización de AySA pudiera derivar en un deterioro de los servicios esenciales o en la paralización de obras previamente previstas.
Además, la presentación busca resguardar el recurso hídrico bonaerense y prevenir los posibles daños ambientales que, según se planteó, podrían generarse a partir de un escenario de desregulación.
La resolución se conoce en un momento clave, luego de que en mayo de 2026 el Ministerio de Economía de la Nación aprobara un nuevo esquema contractual y autorizara el llamado a Licitación Pública para vender el 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico.
Frente a ese escenario, la Defensoría del Pueblo advirtió que, en un análisis preliminar, el nuevo esquema podría reducir las exigencias regulatorias y postergar compromisos que habían sido asumidos con anterioridad.
