Un informe presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, documentó el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua. El organismo registró 5.539 organizaciones y al menos 56 medios de comunicación clausurados durante los últimos ocho años.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre el progresivo deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua y cuestionó la creciente concentración de poder en el Ejecutivo y en el partido gobernante.
“La situación es completamente indefendible”, afirmó Türk durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de un informe correspondiente al período comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026.
El documento señala que el poder se encuentra cada vez más concentrado en el Ejecutivo y en el partido de gobierno y describe una “captura casi total de las instituciones estatales” por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El partido gobierna Nicaragua desde 2007 bajo el liderazgo de Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El FSLN domina las instituciones
Según el informe de Naciones Unidas, el FSLN posee actualmente mayoría absoluta tanto en el Poder Legislativo como en los 153 municipios del país y en los dos consejos regionales de la Costa Caribe.
El organismo analizó además 185 votaciones plenarias registradas en el sitio oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026.
De acuerdo con ese relevamiento, no se registró ningún voto en contra ni abstención en esas votaciones. La situación se repitió incluso entre los 15 diputados pertenecientes a partidos que no forman parte formalmente de la coalición de gobierno.
A comienzos de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en la primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma constitucional que impide participar en elecciones a personas consideradas “traidores a la patria” o “golpistas”.
La modificación también contempla extender de seis a siete años el mandato presidencial.
La reforma todavía necesita ser aprobada en una segunda legislatura durante 2027 para entrar en vigencia. De concretarse ese paso, las elecciones quedarían postergadas hasta 2028.
Ortega había anticipado esta modificación al afirmar que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”.
Detenciones y desapariciones
El informe de la ONU también identifica a las detenciones arbitrarias como una de las principales herramientas de represión utilizadas por las autoridades nicaragüenses.
Durante el período analizado, los investigadores documentaron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia que fueron atribuidas al Estado.
Sin embargo, los responsables del informe advirtieron que las cifras podrían ser superiores a las registradas.
Entre las dificultades para determinar la magnitud del fenómeno, mencionaron la falta de acceso al territorio nicaragüense, la negativa de las autoridades a cooperar con la investigación y el temor a posibles represalias entre víctimas y testigos.
Más de 5.500 organizaciones cerradas
La presión también alcanzó a las organizaciones de la sociedad civil.
Durante el último año, otras cuatro organizaciones se vieron obligadas a cerrar, llevando a 5.539 el número total de entidades disueltas de manera arbitraria durante los últimos ocho años, según el informe.
El sector de los medios de comunicación también fue afectado. Las autoridades ordenaron el cierre de otro medio durante el último período analizado, por lo que el número de medios clausurados desde hace ocho años ascendió a al menos 56.
“Casi no queda nada por cerrar”, expresó Türk al referirse al alcance de las medidas adoptadas por las autoridades.
El antecedente de las protestas de 2018
El Alto Comisionado también recordó las protestas contra el gobierno de Ortega ocurridas en agosto de 2018, consideradas por Naciones Unidas como un punto de inflexión en el endurecimiento de las políticas implementadas por el gobierno nicaragüense.
Según las cifras de la ONU, aquellas manifestaciones dejaron al menos 300 muertos.
Desde entonces, el organismo internacional ha documentado un proceso de mayor concentración del poder político y de reducción del espacio para las organizaciones civiles y los medios de comunicación independientes.
El nuevo informe presentado por Türk ante el Consejo de Derechos Humanos vuelve a señalar la concentración de poder en el Ejecutivo y el FSLN, además de documentar las restricciones institucionales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas durante el último año.
