El gobierno de Bolivia echó a patadas a la embajadora de Colombia tras las provocadoras declaraciones de Gustavo Petro para defender al prófugo Evo Morales.
La paciencia internacional se terminó de manera drástica y expone la peor cara del amiguismo ideológico en América Latina. El gobierno de Bolivia declaró persona non grata y ordenó la inmediata expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García, una medida extrema que desnuda cómo el presidente Gustavo Petro pretende interferir en los tribunales ajenos para blindar a sus aliados políticos caídos en desgracia.
La excusa del mandatario colombiano de salir a denunciar una supuesta persecución política no es más que un burdo intento de desviar la atención. El trasfondo real que esconde esta pelea es la orden de captura que pesa sobre el expresidente Evo Morales, quien se encuentra prófugo de las autoridades por gravísimas acusaciones de trata de menores y busca desesperadamente el auxilio de sus socios regionales para eludir los calabozos.
El nuevo gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, que llegó para terminar con veinte años de hegemonía populista, no dudó en aplicar el rigor de la Convención de Viena ante los tuits incendiarios de Petro. Mientras la economía regional cruje y los ciudadanos exigen respuestas concretas, los mandatarios prefieren gastar el tiempo y los recursos públicos en armar barricadas diplomáticas para proteger a dirigentes cercados por los jueces.
La complicidad explícita entre los líderes del eje bolivariano vuelve a poner en jaque el respeto por las instituciones y las leyes que rigen en cada territorio. Resulta inadmisible que las embajadas terminen convertidas en comités de campaña destinados a fogonear la desestabilización interna y los bloqueos en las rutas de los países vecinos.
El escándalo abre un debate inevitable sobre los límites de la tolerancia internacional frente a quienes utilizan el poder del Estado para garantizar la impunidad de los suyos.
