El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ampliar las sanciones contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las islas. Además, reforzó las partidas destinadas a Defensa, inteligencia y equipamiento militar.
El presidente Javier Milei firmó este jueves los decretos y dispuso las primeras sanciones anunciadas durante la cadena nacional por Malvinas. En paralelo, el Gobierno prepara el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será presentado durante la próxima semana.
Las medidas fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
La iniciativa legislativa es el único componente del paquete que todavía requiere algunos días de trabajo. En la Casa Rosada prevén enviarla al Congreso durante los próximos días y descartan separar sus principales capítulos en distintos proyectos.
De esta manera, el endurecimiento del régimen de sanciones y la creación del nuevo esquema de Seguridad Nacional quedarán incluidos en un mismo expediente.
Nuevas sanciones por actividades hidrocarburíferas
El Decreto 868/2026 estableció a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y fijó un procedimiento más ágil para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
A partir de la nueva normativa, los organismos públicos deberán comunicar posibles infracciones en un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado un sumario, las personas o empresas investigadas tendrán diez días para presentar su descargo.
La norma también sumó controles para el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y para la obtención de permisos, concesiones o habilitaciones vinculadas con actividades petroleras.
Las compañías deberán presentar declaraciones juradas en las que garanticen que tanto ellas como sus socios no realizan ni realizarán actividades prohibidas por la legislación argentina. Además, la Cancillería deberá intervenir antes de autorizar determinadas solicitudes.
Más recursos para Defensa
Por otra parte, el Decreto 867/2026 modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 con el objetivo de ampliar partidas destinadas a gastos salariales, inteligencia, Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El Gobierno justificó la modificación presupuestaria al considerar que era necesaria para asegurar el funcionamiento de distintas áreas estatales y evitar inconvenientes en la prestación de servicios esenciales.
En el caso del área de Defensa, el objetivo es financiar la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento para las Fuerzas Armadas.
La modificación se realizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo argumentó que la situación requería una respuesta inmediata y que no resultaba posible esperar los tiempos correspondientes al procedimiento legislativo ordinario.
Además, estableció que los organismos cuya naturaleza jurídica haya sido modificada durante 2026 continuarán utilizando de manera transitoria los créditos correspondientes a sus jurisdicciones de origen.
El decreto también fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.
La Base Naval de Tierra del Fuego, entre las prioridades
El DNU destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa contempla dos objetivos principales: avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
El Gobierno busca transformar el complejo ubicado en el extremo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y aumentar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
Qué incluirá el proyecto que llegará al Congreso
La iniciativa legislativa concentrará los aspectos estructurales del paquete anunciado por Milei.
Entre sus principales propuestas estará la modificación de la Ley 26.659 para establecer sanciones y penas más severas, además de extenderlas a los proveedores de empresas que participen de operaciones no autorizadas.
También se buscará impedir que los infractores puedan contratar tanto con organismos del sector público como con empresas privadas en la Argentina.
El proyecto incorporará, además, la posibilidad de aplicar juicio en ausencia cuando corresponda y ampliará el régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten recursos naturales argentinos.
De esta manera, el Gobierno pretende ampliar las herramientas disponibles y que la respuesta no quede limitada al proyecto petrolero Sea Lion.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El mismo proyecto contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como integrantes a áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El organismo tendrá la función de articular una política transversal para el conjunto del Estado.
La iniciativa también establecerá un marco destinado a la protección de infraestructura crítica y al desarrollo de mecanismos de vigilancia aeroespacial y marítima.
Milei solicitará además que el Congreso otorgue al nuevo organismo facultades para utilizar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y privados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
El enfoque planteado por el Gobierno vincula la cuestión Malvinas con la protección de recursos estratégicos, el Atlántico Sur, la Antártida, las comunicaciones y las capacidades de Defensa.
El cronograma quedó dividido en dos etapas: los decretos y las sanciones fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial, mientras que el proyecto integral será enviado al Congreso en los próximos días.
En el Ejecutivo esperan aprovechar el consenso político existente alrededor del reclamo por Malvinas para acelerar el tratamiento de la iniciativa y convertir las medidas anunciadas por Milei en acciones operativas antes de que avance la explotación petrolera que el Gobierno denuncia en la Cuenca Malvinas Norte.
