El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y contempla penas de hasta 20 años de prisión. Además, crea un Sistema de Seguridad Nacional y establece mecanismos de protección aeroespacial y marítima.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía el régimen de sanciones para las empresas y personas que participen en actividades vinculadas con recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El texto no se limita a las operaciones hidrocarburíferas, sino que extiende las restricciones a cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables. Además, incorpora medidas relacionadas con la seguridad nacional, la protección de infraestructura crítica y los controles sobre el espacio aéreo y marítimo.
El proyecto también ratifica el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Entre las principales medidas aparecen multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones comerciales de hasta 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para determinadas actividades no autorizadas.
La iniciativa, además, propone centralizar bajo una misma estructura las funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. La conducción política del nuevo sistema quedaría a cargo del presidente Javier Milei.
Después del envío del proyecto, el Ejecutivo pidió a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para darle prioridad al tratamiento de la iniciativa. En una carta difundida en redes sociales, Milei sostuvo: “No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”.
Las principales medidas del proyecto
1. Ratificación del reclamo de soberanía
El proyecto establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional. También fija como objetivo permanente la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía.
2. Sanciones para todas las actividades sobre recursos naturales
El nuevo régimen amplía el alcance de las sanciones y deja de concentrarse exclusivamente en los hidrocarburos. El proyecto contempla cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que puede incluir la actividad pesquera.
3. También alcanza a quienes colaboren con esas operaciones
Las restricciones no recaen únicamente sobre las empresas que desarrollen las actividades prohibidas. También alcanzan a quienes hagan posible esas operaciones mediante actividades económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para ejecutar proyectos no autorizados.
El proyecto incluye además a socios, accionistas, participantes directos y personas que ejerzan el control o tengan capacidad de influir de manera decisiva sobre las empresas involucradas.
4. Penas para quienes suministren bienes o servicios esenciales
Quienes, a sabiendas, proporcionen bienes o servicios esenciales e indispensables para que otro sujeto lleve adelante las conductas contempladas por el proyecto podrían recibir penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para desarrollar cualquier actividad comercial.
5. Inhabilitaciones de hasta 20 años
Los responsables de determinadas infracciones podrán quedar inhabilitados entre cinco y 20 años para realizar actividades específicas.
A esto se suma un esquema de consecuencias para quienes operen en territorio argentino, que contempla la rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado, entre otras medidas.
6. Penas de 12 a 15 años por explorar hidrocarburos sin autorización
El proyecto establece penas de 12 a 15 años de prisión, multas equivalentes a entre 40.000 y 200.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes, sin autorización, encarguen o realicen actividades de prospección o exploración de hidrocarburos en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes o la Plataforma Continental Argentina.
7. Hasta 20 años por explotar recursos no renovables
Para quienes realicen o encarguen, sin habilitación de la autoridad competente, actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, se prevén penas de 12 a 20 años de prisión, multas equivalentes a entre 100.000 y dos millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
8. Hasta 20 años por extracción y transporte de hidrocarburos
La extracción de hidrocarburos de yacimientos ubicados en las islas, sus espacios marítimos e insulares circundantes o la Plataforma Continental Argentina, así como su transporte o almacenamiento sin autorización, tendría las sanciones más elevadas.
El proyecto contempla 15 a 20 años de prisión, multas equivalentes a entre 150.000 y tres millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
9. Juicio en ausencia
La iniciativa incorpora los delitos previstos en su primer título al régimen que permite avanzar con procesos penales aunque el imputado no se encuentre a disposición de la Justicia argentina.
10. Régimen de Desistimiento y Regularización
El proyecto crea un mecanismo para que empresas que hayan desarrollado actividades prohibidas puedan solicitar su incorporación al Régimen de Desistimiento y Regularización.
Para acceder, deberán demostrar que abandonaron esas actividades y asumir el compromiso de no repetirlas. La regularización podrá realizarse mediante el pago de una multa o a través de la reconversión de las inversiones involucradas hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino.
En determinados casos, la regularización podrá extinguir la acción penal.
11. Derogación de la Ley 26.659
La iniciativa propone derogar la Ley 26.659 y reemplazar el régimen vigente sobre actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina por el nuevo esquema establecido en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
12. Creación de un Sistema de Seguridad Nacional
El proyecto establece un Sistema de Seguridad Nacional destinado a articular bajo una misma estructura las funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
13. Un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el Presidente
El Consejo de Seguridad Nacional será el órgano rector del sistema y estará encabezado por el Presidente.
Entre sus integrantes permanentes estarán el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de Inteligencia y de Legal y Técnica.
El organismo tendrá facultades para coordinar políticas y solicitar información a diferentes organismos públicos.
14. Medidas económicas ante amenazas externas
El Consejo podrá disponer medidas económicas frente a determinadas amenazas externas.
Ante un riesgo grave e inminente, el proyecto contempla la posibilidad de restringir operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales, además de bloquear temporalmente activos.
También establece la posibilidad de elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
15. Protección aeroespacial
La iniciativa incorpora un esquema específico de protección aeroespacial.
El sistema establecerá procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles, dentro de los parámetros establecidos por el proyecto.
16. Protección marítima
El proyecto también regula la actuación frente a embarcaciones.
El esquema contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas destinadas a inutilizar una embarcación.
17. Cambios en el concepto de Defensa Nacional
La propuesta amplía el alcance de la Defensa Nacional frente a amenazas externas y a la influencia extranjera.
Para ello, plantea modificar la legislación vigente para contemplar amenazas estatales y no estatales, incluso aquellas de carácter no cinético.
Además, habilita el empleo de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica.
18. Restricciones al financiamiento extranjero de campañas
El proyecto también incorpora restricciones sobre el financiamiento extranjero de campañas electorales.
19. Nuevos delitos vinculados con inteligencia y procesos electorales
La iniciativa crea nuevos delitos relacionados con operaciones de inteligencia, entrega de secretos y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
20. Una estructura integral para la defensa de la soberanía
En conjunto, el proyecto propone concentrar en un mismo esquema herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, de inteligencia, cibernéticas y de protección de infraestructura crítica.
El Gobierno presentó la iniciativa como un nuevo marco para la defensa de la soberanía y de los recursos vinculados con las Islas Malvinas. El texto ya fue enviado a la Cámara de Diputados, donde comenzará ahora su tratamiento legislativo.
