El Gobierno sumó nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan violencia o discriminación contra argentinos por su nacionalidad, además de quienes participen en actos considerados de ultraje contra los símbolos patrios.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo endurecimiento de la política migratoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas razones para impedir el ingreso de extranjeros al país o disponer su expulsión.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla a quienes emitan o impulsen mensajes de odio, discriminación o violencia dirigidos contra la Argentina o sus ciudadanos por motivos vinculados con la nacionalidad. También incluye a quienes participen o promuevan actos considerados un ultraje contra los símbolos patrios.
La decisión fue difundida por la Oficina del Presidente, que vinculó la iniciativa con una serie de recientes manifestaciones que el Gobierno definió como una «campaña antiargentina» y que, según sostuvo, excedieron el ámbito deportivo y tuvieron repercusión en el escenario internacional.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la defensa de la Nación, de los argentinos y de los símbolos nacionales representa un principio que no está sujeto a negociación. En ese sentido, el comunicado oficial incluyó una frase atribuida al presidente Milei: «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
Qué establece el nuevo decreto
De acuerdo con el texto publicado por el Gobierno, los extranjeros que hayan expresado mensajes de odio, de manera oral o escrita, o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos debido a su nacionalidad podrán quedar alcanzados por las nuevas disposiciones.
La misma medida se aplicará a quienes hayan realizado, participado o promovido acciones consideradas de ultraje contra los símbolos patrios.
Las consecuencias previstas dependerán de la situación migratoria de cada persona. Aquellos extranjeros que todavía no hayan ingresado al territorio nacional podrán ser alcanzados por una prohibición de ingreso. En el caso de quienes ya se encuentren en la Argentina, el decreto contempla la posibilidad de que pierdan su residencia y sean intimados a abandonar el país o directamente expulsados.
En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Argentina mantuvo históricamente una política de apertura hacia quienes llegan desde otros países. Sin embargo, planteó que el Estado tiene la facultad de establecer las condiciones para el ingreso, la permanencia y la expulsión de extranjeros, con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
Desde la Casa Rosada señalaron que el nuevo régimen apunta a proteger la integridad social y promover el respeto hacia la Argentina y sus símbolos nacionales, además de prevenir situaciones que puedan alterar la convivencia y el orden institucional.
El DNU deberá ser analizado por el Congreso
Como ocurre con los decretos de necesidad y urgencia, la nueva medida deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.
El organismo parlamentario tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen sobre la validez del decreto. Posteriormente, la iniciativa deberá ser elevada para su tratamiento en ambas cámaras legislativas.
El mensaje del Gobierno
La Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que confirmó la firma del decreto y detalló las nuevas causales incorporadas al régimen migratorio.
El Gobierno sostuvo que la medida responde a «recientes manifestaciones de hostilidad» contra la Argentina y sus ciudadanos y volvió a remarcar que la defensa del país y de sus símbolos constituye una cuestión «no negociable».
En el cierre del mensaje oficial, la administración de Milei dejó una definición contundente sobre la nueva política migratoria: «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
