En Merlo se debatió cómo repartir los millones del nuevo fondo audiovisual bonaerense mientras los vecinos cuestionan las prioridades del gasto público.
El Instituto Cultural desembarcó en el oeste bonaerense para discutir la letra chica de la Ley Audiovisual, una normativa que busca inyectar 675 millones de pesos en producciones de ficción, videojuegos y realidad virtual. Mientras el gobierno provincial defiende la medida como una «lucha cultural» necesaria, en las calles de Merlo el debate pasa por otro lado: si es el momento para financiar películas con fondos estatales.
El cuarto foro de esta gira bonaerense reunió a sindicatos, directores y universidades para definir cómo se administrará el flamante Fondo de Fomento. La ley, aprobada bajo el ala de Axel Kicillof, no solo crea una caja millonaria, sino que también suma tres nuevos organismos estatales para controlar el registro de directores y la conservación de archivos.
Desde el sector audiovisual celebran la creación de la plataforma BaFilma y la red de salas propias, pero la polémica estalla cuando se habla de la descentralización. Los referentes del interior bonaerense exigen que el dinero no se quede «atrapado» entre las productoras de La Plata y el conurbano, desatando una interna por quién se queda con la tajada más grande del presupuesto.
Con dos foros pendientes en Quilmes y Tandil, la reglamentación está bajo la lupa de quienes ven en este fondo un gasto superfluo en medio de una crisis asfixiante. La pregunta que circula en las redes y en las esquinas es clara: ¿el cine es industria productiva o un refugio para militantes del arte financiado por el contribuyente?
La discusión está abierta y la caja ya tiene dueño, pero el consenso social parece estar lejos de ser una realidad en los barrios que hoy miran la pantalla desde afuera.
