Chau al mercado negro de los vapers y las bolsitas de nicotina. La nueva regulación busca recaudar impuestos y controlar qué bosta le meten a los aparatitos que fuman tus hijos.
En un giro que va a dar que hablar en cada esquina de la Provincia, el Gobierno decidió levantar la prohibición sobre los vapeadores y el tabaco calentado para blanquear un negocio que ya funcionaba a la vista de todos. Con la publicación de la resolución 549/2026, se termina el «viva la pepa» del contrabando y empieza una etapa de registros estrictos, controles de calidad y, por supuesto, una nueva caja impositiva para el Estado.
Basta de mirar para otro lado mientras los pibes compran pods de dudosa procedencia en cualquier showroom o por redes sociales. La movida oficial apunta a que cada importador y fabricante se registre y declare hasta el último componente. Lo más fuerte es que prohíben los saborizantes frutales y dulces; se terminó la estrategia de seducir a los adolescentes con gusto a caramelo para meterles nicotina en el cerebro.
La indignación de las sociedades médicas no tardó en aparecer, recordando que la nicotina es veneno para el corazón se fume como se fume. Sin embargo, el argumento oficial es pragmático: la prohibición fracasó rotundamente y solo sirvió para que el mercado sea dominado por el contrabando sin que nadie sepa qué sustancias químicas se están inhalando realmente.
Ahora, los productos que estaban en un limbo legal, como las famosas «bolsitas» o pouches, van a tener que pagar impuestos y llevar advertencias sanitarias claras. El objetivo económico es evidente, pero el desafío será ver si el Estado tiene la capacidad real de fiscalizar los kioscos y locales de Buenos Aires para que no se sigan vendiendo por izquierda.
¿Es una medida para cuidar la salud o una excusa para que la AFIP meta la mano en un mercado que facturaba millones en negro? La grieta entre la libertad de elegir y el peligro sanitario está más abierta que nunca.
