Las billeteras virtuales recopilan grandes volúmenes de información sobre sus usuarios, desde operaciones y geolocalización hasta contactos. Especialistas advierten que algunas prácticas de cobranza y determinados usos de esos datos pueden entrar en conflicto con las normas de protección de datos y defensa del consumidor.
Las billeteras virtuales se convirtieron en una herramienta cotidiana para millones de personas, pero detrás de cada transferencia, pago o préstamo existe una enorme cantidad de información personal que las plataformas recopilan y procesan.
En medio de un escenario de creciente morosidad, distintos usuarios denunciaron que empresas de servicios financieros habrían realizado llamados para reclamar deudas no solo a los titulares de las obligaciones, sino también a familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Especialistas consultados advierten que este tipo de prácticas podría resultar abusivo y señalan que la legislación argentina presenta algunos grises respecto del funcionamiento de las plataformas fintech. Uno de los puntos centrales está en los términos y condiciones que los usuarios aceptan al registrarse.
Qué datos recopilan las billeteras virtuales
La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales establece reglas sobre la forma en que las empresas pueden recolectar, almacenar y utilizar información personal.
Las principales billeteras del mercado procesan datos vinculados con la identidad, las operaciones realizadas, los dispositivos utilizados, la dirección IP, los hábitos de consumo y, en determinados casos, la geolocalización y los contactos.
Mercado Pago, por ejemplo, informa que obtiene información proporcionada directamente por los usuarios, datos derivados de su actividad dentro de la plataforma y otros provenientes de fuentes que considera confiables.
El problema aparece cuando esos datos son utilizados para una finalidad diferente de aquella que justificó originalmente su recolección.
La normativa establece que la información personal no puede utilizarse para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Bajo ese criterio, registrar el número de teléfono de un familiar para realizarle una transferencia no implicaría, por sí mismo, autorización para utilizar ese contacto posteriormente con el objetivo de reclamar una deuda del titular de la cuenta.
El «gris» de los términos y condiciones
Un informe del Centro de Estudios para la Ciudad advierte que los contratos de las plataformas fintech pueden habilitar usos secundarios de la información, entre ellos el perfilamiento comercial, el análisis algorítmico del comportamiento financiero y la eventual cesión de datos a terceros.
El abogado especializado en defensa del consumidor Mario Vadillo sostuvo que las billeteras realizan un uso «gris» de la información cuando utilizan los datos de sus clientes para construir modelos predictivos mediante inteligencia artificial y análisis de datos.
Estos mecanismos pueden utilizarse para definir perfiles financieros y ofrecer productos o condiciones diferentes a distintos usuarios. Por ejemplo, dos personas podrían recibir propuestas de crédito diferentes aun cuando soliciten montos y plazos similares.
Aceptar no siempre significa comprender
Otro de los puntos sensibles es el consentimiento. La legislación exige que sea libre, expreso e informado. Sin embargo, los usuarios suelen aceptar extensos contratos de adhesión sin conocer en profundidad qué información están autorizando a recopilar o utilizar.
Claudia Collado, presidenta de Adelco, señaló que esta situación representa un problema dentro del ecosistema fintech, donde buena parte de los consumidores acepta los términos y condiciones confiando en la buena fe de las plataformas.
En la misma línea, Vadillo planteó la necesidad de que las empresas presenten un resumen claro y obligatorio que explique qué datos recopilan, con qué finalidad los utilizan, con quién pueden compartirlos y cuáles son los derechos del usuario.
La Ley de Defensa del Consumidor también establece límites. Su artículo 37 dispone que determinadas cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten los derechos de los consumidores pueden considerarse no aceptadas y que los contratos deben interpretarse en el sentido más favorable al usuario.
Qué prácticas pueden considerarse abusivas
La regulación sobre contratos de consumo también contempla determinadas cláusulas que las empresas no pueden incorporar.
Entre ellas se encuentra la posibilidad de utilizar dinero que un consumidor tenga destinado a otro producto o servicio para cancelar una deuda en mora. En otras palabras, una empresa no debería poder apropiarse de fondos depositados para una finalidad diferente con el argumento de saldar automáticamente otra obligación pendiente.
También existen restricciones sobre cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones contractuales, limitar el derecho del consumidor a iniciar acciones judiciales o conservar determinados datos una vez finalizada la relación contractual cuando el usuario haya solicitado lo contrario.
Qué puede hacer un usuario ante una situación irregular
Frente a una práctica que considere abusiva, el consumidor puede iniciar un reclamo ante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.
El trámite es gratuito, se realiza de manera digital y está disponible para consumidores de todo el país.
El punto central, en definitiva, no pasa únicamente por aceptar o rechazar los términos y condiciones. La discusión jurídica también alcanza al contenido de esas cláusulas, al uso efectivo que las empresas hacen de los datos y a si las prácticas implementadas respetan los derechos que la legislación reconoce a los consumidores.
En un sistema financiero cada vez más digitalizado, conocer qué información se entrega y para qué puede utilizarse dejó de ser una cuestión secundaria: es parte de los derechos básicos de cualquier usuario.
